SANTO DOMINGO. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la medida de prisión preventiva contra seis de los imputados en el caso de presunta corrupción investigado mediante la Operación Cobra, relacionado con alegadas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La revisión de la medida fue solicitada por el Ministerio Público, que sostuvo que aún persisten las condiciones legales que justifican la permanencia de los acusados bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Al término de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho informó que el tribunal consideró que la medida continúa siendo adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación y la comparecencia de los imputados ante la justicia.

La decisión alcanza a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen una medida de coerción de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, mientras que el proceso fue conocido por el juez Deiby Timoteo.

En cuanto a la imputada Ada Ledesma Ubiera, permanece bajo arresto domiciliario luego de que el tribunal modificara su medida de coerción por motivos de salud el pasado 16 de julio.

Asimismo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella continúan sometidos a medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país.

El expediente también involucra a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, cuya prisión preventiva fue igualmente confirmada por su presunta participación en autorizaciones irregulares de procedimientos médicos.

Los imputados enfrentan un proceso judicial por hechos que el Ministerio Público atribuye a una presunta estructura dedicada a cometer fraude en perjuicio del sistema de salud. El caso permanece en la etapa preparatoria y las acusaciones deberán ser conocidas por los tribunales conforme avance el proceso.